Una serie de escándalos sacuden a la Legislatura entrerriana. Dominó vernáculo con número de piezas desconocido, pero cuyos efectos amenazan ir mucho más allá del juego mismo.  Desatado desde las decisiones del poder administrador de las Cámaras y la aparición de decisiones “personales” que revelan situaciones poco convencionales.

A través de ANÁLISIS se pudo saber esta semana que un ex intendente había sido nombrado con un cargo en el Senado mientras ejercía su mandato. Por decisión propia el dirigente renunció y negó haber percibido haberes como empleado legislativo. El mismo camino tomó un ex concejal.

Así como unos aceptan con decoro la existencia de alguna anomalía en los nombramientos, otros decidieron llevar adelante acciones judiciales y reclaman su reincorporación, aduciendo incluso persecución política. Se trata de colaboradores directos de encumbrados dirigentes políticos o portadores de reconocidos apellidos.

Los lectores podrán encontrar varias notas en ANÁLISIS sobre el tema que cobra dimensiones especiales en tiempos en que muchos pierden su empleo, o el que tienen tan solo ayuda para evitar caer en la pobreza.

No se trata de hacer leña de árboles caídos por la tormenta de impunidad o soberbia, que con sus vientos dio impulso a nombramientos que llevaron al gobernador de la provincia a vociferar reclamos que retumbaron en los hemiciclos entrerrianos y todavía no tienen una respuesta clara.

Medios nacionales de importancia afirmaron la existencia de un plan retirada, publicando documentación que mostraba numerosos nombramientos en la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Hasta ahora, no fue desmentida ni una línea.

Tan impactante ha resultado la historia reciente, que el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley que propone prohibir nombramientos en la planta del Estado durante el último año de una gestión. Una pieza más del efecto dominó, que lejos está de detenerse.

Ante el caos, la oportunidad

Todos estos desarreglos que ponen en jaque el comienzo de una gestión ofrecen, más allá del problema, una oportunidad.

La Justicia provincial, obligada a intervenir, podrá clarificar si realmente quienes fueron nombrados en la Legislatura tienen un año consecutivo de servicio en ese ámbito. Los memoriosos recuerdan las tensiones que algunas decisiones gubernamentales de otros tiempos provocaron en los tribunales entrerrianos (Ley 8.706, Ley 9.235).

En este siglo ya se cuenta con tecnología que podrá mostrar rápidamente si los agentes cumplieron tareas en alguna de las Cámaras. Los registros de las mesas de entradas de las cámaras de Diputados y Senadores darán cuenta de las comunicaciones, de altas o bajas. Se deberá contar rápidamente con las notificaciones realizadas a cada uno de los designados, la fecha de incorporación y desde cuando trabajan realmente.

Todo con el simple cotejo de registros informáticos.

El pudor que movió al ex intendente de Federal, Gerardo Chapino, fue revelador porque permitió saber que su nombramiento ocurrió cuando aún ejercía la intendencia de su ciudad. Es decir, está claro que no prestó ningún servicio.

El obrar meticuloso de la justicia podrá, ¿deberá?, esclarecer si otros nombramientos beneficiaron a personas que, por su actividad, de ninguna manera estuvieron recorriendo los despachos del poder de las leyes.

La situación, incómoda, se potencia ante tanta conjetura alimentada de silencios. La Justicia, como dijera alguna vez un encumbrado magistrado, es un poder mudo. Habrá que esperar entonces.

Pero otros poderes tienen la posibilidad de actuar y decir sus posturas en voz alta, buscando proponer y también para corregir sus propias acciones.

Se podría tomar el ejemplo del Congreso Nacional. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado, en sus páginas web tienen dedicado un capítulo a la búsqueda de la transparencia.

Desde el mismo se puede acceder al listado de recursos humanos con el que cuentan. A disposición de todo ciudadano interesado están nombre y apellido de los empleados, su número de legajo. Detalla la información pública obrante en la web si pertenecen a las plantas de personal temporario o permanente.

En el caso del Senado Nacional se puede conocer quienes trabajan en el despacho de cada legislador. Están a disposición las escalas salariales. Transparencia y nadie se sonroja porque su nombre y apellido sea parte de un listado público.

Hace varios años ya, en un programa de Cuestión de Fondo surgió en los comentarios la posibilidad de implementar algo parecido en Entre Ríos. No se dio y hoy nos encontramos frente al dominó sin fin.

Por eso, mientras se equilibran las cargas y la justicia dispone de herramientas reparadoras y esclarecedoras, se podría avanzar como hace tanto tiempo lo hicieron las cámaras nacionales.

Dirigentes importantes han tomado nota de la coyuntura y se mostraron contestes en favor de publicar los listados del personal legislativo. No es un dato menor.

Además, el titular de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, fue hasta no hace tanto diputado nacional (como el propio gobernador Rogelio Frigerio) y conoce a la perfección los mecanismos. Incluso se puede acceder a las declaraciones juradas patrimoniales de los legisladores.

Todo esto se podría replicar en Entre Ríos, en lo que constituye una oportunidad histórica en el camino hacia la transparencia. Ir más allá del comentario es posible.

El ocaso y el amanecer muestran la pelea entre la luz y la oscuridad. Uno lleva a la profundidad de la noche, otro, nos ofrece la luz y un nuevo día.