La denominada Causa Contratos II, que involucra a las máximas figuras de la política entrerriana de las últimas dos décadas, comenzó a caminar. Tal como adelantó el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos abrió formalmente el 23 de noviembre de 2025 la segunda etapa de la pesquisa por las contrataciones irregulares en el ámbito legislativo.

Esta semana, los cinco exfuncionarios bajo la lupa judicial fueron instados a designar representantes legales. Marcos Rodríguez Allende asumió la defensa de los exvicegobernadores Adán Bahl y José Cáceres. Por su parte, el expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, continuará bajo el patrocinio de Miguel Cullen. En tanto, el exvicegobernador José Lauritto y el expresidente de la Cámara Baja, José Allende, eligieron a Leopoldo Lambruschini.

La causa, que abarca el período 2008-2018, se divide en dos grandes bloques: Contratos I, que se encuentra en plena remisión a juicio —con fecha de reinicio prevista para el 26 de mayo a las 9—, y la incipiente Contratos II.

El conflicto de intereses

En la primera parte de la investigación, el foco está puesto en los empleados legislativos e intermediarios que, según la Fiscalía, desviaban fondos públicos mediante contratos de obra falsos. De los 32 imputados originales, hoy quedan 18: 12 accedieron a la probation, el contador Gustavo Falco fue sobreseído y Esteban Scialocomo optó por un juicio abreviado.

Un punto de tensión surge en las calificaciones legales. Mientras que los responsables de las Cámaras están acusados de Peculado Culposo (un delito con penas de multa y sin inhabilitación), los empleados enfrentan pedidos de prisión efectiva. Esta asimetría genera un potencial choque de estrategias: un empleado como Sergio Cardozo afronta un pedido de pena muy superior al que recibiría su jefe político por el mismo desfalco.