El Gobierno planea cerrar el año con la aprobación de la reforma laboral. El proyecto que recorre los despachos oficiales y al cual accedió el diario La Nación, prevé impulsar convenios por empresa, conceder premios a la productividad, crear bancos de horas, una posible reducción de los impuestos al trabajo y la opción de que los trabajadores cobren en pesos, dólares o, incluso, en euros.
Hay en carpeta beneficios fiscales y reducción de cargas sociales -siempre bajo la lupa del equilibrio fiscal que tiene como norte el equipo económico- e, incluso, condonación de multas y sanciones si se regulariza al personal no registrado.
Se trabaja, por otra parte, en dar mayor claridad contractual a los tipos de vínculos laborales y las condiciones de contratación, y en ofrecer mayor flexibilidad para adaptar contratos y modalidades existentes en el mercado.
El Gobierno buscará, por otra parte, darle al fondo de cese laboral, que ya rige pero que no tuvo adhesión, un marco de certidumbre. No está definido aún, pero los nuevos empleados podrían ya ser redirigidos a este nuevo sistema obligatoriamente, según contaron a este medio, en referencia a las alternativas para reemplazar las indemnizaciones.
Bajo revisión, según el texto oficial, está la Ley de Contrato de Trabajo, que necesita, dicen los libertarios, una modernización. Sin embargo, en el programa oficial -en la búsqueda de la viabilidad del proyecto en el Congreso- puede leerse entre líneas cierta moderación.
“Se hace evidente la necesidad de debatir cuanto antes una reforma que fomente la creación de empleo, reduzca la informalidad y acompañe adecuadamente el crecimiento de la actividad”, dicen fuentes allegadas al Gobierno, que no consideran entre las posibilidades una aprobación que se estire a marzo.
Agregan que las más beneficiadas serán las pymes -las mayores empleadoras del país-, porque son las que más sufren los juicios laborales, las altas indemnizaciones a pagar y el costo de registrar a los empleados, consignó el diario La Nación.
¿Se esperan fuertes chispazos con los sindicatos? El proyecto al que accedió este medio no toca intereses claves de las entidades, como la cuota obligatoria para los trabajadores o la ultraactividad, un principio por el cual un convenio colectivo de trabajo mantiene su vigencia hasta tanto no sea reemplazado por otro. Sin embargo, quienes conocen la letra chica afirman que estos temas podrían también ser parte del debate.
Además, está bajo análisis la obligación de las empresas de retener las cuotas sindicales y derivarlas a los gremios.
Existen dos posturas en el Gobierno a la hora de presentar el nuevo proyecto de ley. Ir por todo o sacar la reforma posible. Todo sigue aún en discusión en los despachos oficiales.
El resto de lo que se está “cocinando” para reformar la Ley de Contrato de Trabajo no generaría grandes problemas, según creen. Sobre todo, lo que tiene que ver con el impulso a la formalización de empleados (vale recordar que el 37,7% de los asalariados no cuenta con descuento jubilatorio, según el Indec), una acción que beneficia no solo a los trabajadores a quienes se les abre la puerta para tener un empleo de calidad y el derecho a una jubilación, sino también a sus representantes gremiales que, con los mismos costos, tendrían mayores ingresos.
“Es un disparate que los trabajadores del Estado salgan a protestar contra la reforma laboral, ya que no los afecta en nada. Ellos se rigen por la Ley de Empleo Público. Hay muchas ganas de mezclar todo y hacer ruido para que el Gobierno no pueda sacar esta ley”, cuenta un funcionario cercano a la Casa Rosada, haciendo referencia al paro nacional que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante en reclamo contra la reforma laboral.
La reforma impulsada por el Gobierno cuenta con el asesoramiento del Consejo de Mayo, donde está representado el Ministerio de Capital Humano (Sandra Pettovello) a través de la Secretaría de Trabajo; el Ministerio de Desregulación (Federico Sturzenegger); las diferentes cámaras empresarias y los sindicatos. Hay propuestas además del Ministerio de Economía (Luis Caputo), y también del ámbito tributario que rozan lo laboral. También se tuvieron en cuenta tres proyectos de ley presentados en el Congreso, pero el punteo final viene de la mesa chica libertaria, con el aval del presidente Javier Milei.