Los diputados del Frente de Izquierda presentaron un proyecto de ley que propone declarar la emergencia financiera de los hogares, con condonación de deudas onerosas y un programa de desendeudamiento de las familias trabajadoras.
La norma, que prevé un plazo de dos años de emergencia, sería aplicable exclusivamente a personas humanas con deudas vigentes de préstamos personales, tarjetas de crédito, o de otro tipo de préstamos al consumo, estén o no en situación de mora crediticia.
Al presentar la iniciativa, el diputado Nicolás del Caño señaló que es “para dar una respuesta a las millones de familias sobreendeudadas a las que sus salarios, jubilaciones y otros ingresos por changas, etc., no les alcanzan para vivir”.
“La situación es alarmante y preocupante. Frente a la crisis social y el creciente endeudamiento familiar, se necesita en primer lugar y de forma urgente una suba de emergencia de salarios, prestaciones sociales y jubilaciones, que han sido afectados por el Gobierno para cumplir con el plan de ajuste que exige el FMI y el gran capital”, resaltó.
Además, el legislador manifestó que “es necesario cortar la pesada carga de estas deudas que recae en las familias, no por irresponsabilidad, especulación o mala administración financiera, sino como consecuencia de las políticas de ajuste, asfixia salarial y financiera del gobierno de (Javier) Milei y todos sus cómplices, que no dudan en seguir incrementando el endeudamiento externo y los grados de sumisión al imperialismo. Mientras, los bancos y entidades de préstamo han incrementado sus ganancias”.
“Proponemos este proyecto de ley como una medida de emergencia ante la crisis, un alivio económico y financiero a las familias trabajadoras”, dijo sobre la propuesta, que también fue firmada por sus pares Myriam Bregman, Romina Del Plá y Néstor Pitrola.
En el marco de la emergencia crediticia, el proyecto plantea la suspensión de las posibles ejecuciones de sueldos y la inclusión de los sujetos alcanzados en carácter de situación de mora crediticia mayor a 90 días en el registro de deudores del BCRA (CENDEU) y en el Veraz (Equifax).
Asimismo, plantea un régimen de repago y condonación de deudas totales y parciales, en función de una segmentación que beneficie principalmente a las familias de menores ingresos y para quienes la carga de deuda es mayor. Así, para ingresos familiares por debajo de la Canasta Básica de Pobreza, o en casos en que los gastos en alimentos, servicios, alquiler y expensas superen el 70%, o en otras situaciones especiales (despido en el Estado, períodos de desempleo mayores a tres meses, jubilaciones insuficientes, personas con discapacidad, baja de planes sociales), se condona el total de deuda hasta un monto de 2 canastas básicas (estimadas por los trabajadores de la Junta Interna ATE-Indec). Para el saldo de deuda por encima de 2 canastas básicas se propone una quita de 50% de capital de deuda y un plan de refinanciación a tasa de interés 0%.
Por su parte, para las personas con ingresos individuales inferiores a 1,5 veces la canasta básica (establecida por la JI de ATE-Indec) que no ingresen en categorías anteriores se establece un plan de refinanciación con quita del 50% del capital de deuda y una tasa de interés que no puede superar la evolución de los salarios del sector público nacional o la tasa de inflación, de ellas, la menor, publicó Parlamentario.
En tanto, para morigerar la posibilidad que se siga generando un nuevo proceso de endeudamiento familiar con excesivas tasas de interés, se establece un tope a los futuros préstamos personales o tasas que cobran las tarjetas de crédito, cuya tasa de interés no puede superar la variación de salarios, total registrados (CVS-Indec).
Por último, también se propone la conformación de una comisión independiente de auditoría y control de su cumplimiento, compuesta por familiares endeudados, profesionales especialistas, referentes sindicales y barriales.