El exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional, Gustavo Bordet, respondió públicamente a la publicación de La Nación que lo mencionó en el marco de la causa Securitas, donde se investiga el presunto pago de coimas a funcionarios de la empresa estatal de energía Enersa.
“En relación a la causa ‘Securitas’ quiero volver a expresar con total claridad que no formé parte de ningún sistema de coimas o maniobras ilícitas vinculadas a la relación comercial entre la empresa de seguridad Securitas y ENERSA. Durante mi gestión como gobernador de Entre Ríos, impulsé una política de absoluta transparencia en todos los actos de gobierno, asegurando el funcionamiento de los mecanismos de control y auditoría correspondientes. En todo momento me mantuve a disposición de la Justicia y respondí con responsabilidad a cada requerimiento formulado”, afirmó Bordet en un comunicado oficial.
El exmandatario también negó cualquier tipo de relación con los empresarios involucrados: “Nunca tuve ningún tipo de contacto personal ni vínculo con los hermanos Tórtul ni con los responsables de la empresa Securitas. No puede existir registro alguno de comunicaciones, mensajes o correos electrónicos entre ellos y yo. Cuando asumí la gobernación, la empresa ya se encontraba prestando servicios de seguridad a ENERSA, en el marco de una contratación que correspondía exclusivamente a esa empresa estatal”, sostuvo.
Bordet remarcó que durante su gestión no intervino en las decisiones administrativas de Enersa: “Durante mi gestión no tuve intervención en la selección, contratación ni continuidad de dicho servicio, que se mantenía dentro de los procedimientos administrativos habituales de ENERSA. Cabe destacar además que Securitas no prestó servicios ni mantuvo contratos con ningún otro organismo del Estado provincial durante mi período de gobierno”.
Por último, el exgobernador advirtió sobre el uso indebido de su nombre en negociaciones privadas: “No será la primera ni la última vez que se invoque el nombre de un gobernador o de una figura de poder como excusa para intentar facilitar negociaciones, acortar caminos o cometer actos ilegítimos. Este tipo de conductas no sólo constituyen delitos o faltas morales, sino que atentan contra la confianza social en las instituciones y buscan manchar la imagen de quienes han ejercido funciones públicas con honestidad y compromiso”, agregó.
“En toda estructura institucional o empresarial pueden aparecer personas que se arroguen una representación o cercanía con el poder político para intentar legitimar conductas ilícitas. La responsabilidad penal o ética recae exclusivamente en quienes ejecutan esas acciones, no en quienes son utilizados como pretexto. Confío plenamente en que la Justicia avance con independencia y rigor, y que se esclarecerán los hechos para que cada uno asuma las consecuencias que le correspondan”, concluyó.
La respuesta del diputado se produjo tras la difusión de un mensaje de WhatsApp del empresario Claudio Tórtul, fechado el 24 de septiembre de 2018, en el que se leía:“El Negro me dijo q si le damos el 40 saca el pago cn el ajuste. Reparte cn Bordet Julio y el. Me pidió el 50, le dije q era alevoso no x el pedido q era incobrable (sic)”.
El mensaje formaba parte de una extensa pericia judicial sobre las conversaciones entre Claudio y su hermano, responsables de la filial local de Securitas, ambos procesados por el presunto pago de sobornos a funcionarios de Enersa.
Según reveló La Nación, el expediente judicial incluye 25.557 carillas de chats, audios y fotos intercambiados entre diciembre de 2016 y abril de 2024. En ese material, el nombre de Bordet aparece mencionado 98 veces, y en total, sumando variantes como “Bord” o “Gustavo”, supera las 100 referencias.
La investigación apunta a determinar si existió un esquema de coimas que permitió mantener los contratos de Securitas con la empresa estatal entrerriana. Un mes después del mensaje citado, el 30 de octubre de 2018, se firmó la tercera adenda al contrato original entre ambas partes.