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El gobierno propondrá un monotributo para formalizar a trabajadores de la economía popular

El gobierno enviará al Congreso el proyecto de ley del llamado monotributo productivo, cuyo objetivo es combatir la informalidad laboral. El anuncio tiene que ver con la formalización de trabajadores de la economía popular que están por fuera de los convenios de trabajo y busca “facilitar la inclusión social y el acceso a jubilación y cobertura de salud”, según fuentes oficiales.

Además del monotributo productivo habrá más medidas vinculados con Economía, como nuevas líneas de financiamiento y facilidades para acceder a ellas.

Según supo Infobae, es una herramienta para el acceso simplificado a un sector que hoy está fuera del sistema formal y es parte de una serie de medidas que lanza el Ejecutivo en el contexto electoral, en medio de lo que entiende es una reactivación de la economía y luego de la publicación del decreto por el cual autoriza que los beneficiarios de planes sociales puedan ser contratados en la actividad privada y que las empresas obtengan beneficios impositivos al respecto.

El Presidente mantuvo una reunión de trabajo donde se analizó un proyecto de ley en beneficio de los trabajadores de la economía popular

En ese sentido, Alberto Fernández encabezó este mediodía en la Casa Rosada una reunión de trabajo donde analizó un proyecto de ley para fomentar el desarrollo de la economía popular a través de la creación de un monotributo productivo que incluya a los trabajadores de ese sector, promueva créditos para proyectos productivos y les dé preferencia en las compras gubernamentales.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Salud, Carla Vizzotti y de Trabajo, Claudio Moroni, además de la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el titular del Inaes, Alexander Roig.

“Los beneficios del proyecto estarán solo disponibles para las y los monotributistas que facturan la totalidad de sus ingresos a través del régimen simplificado (no son trabajadores en relación de dependencia ni jubilados. Son millones de beneficiarios directos (A, B y C actuales que dejan de pagar el componente impositivo) y todos los que sean nuevos (inician o vienen de informalidad)”, explicaron fuentes oficiales.

En el gobierno explican que “el nuevo esquema pasará a funcionar como la puerta de entrada a la formalidad para trabajadoras y trabajadores en situación de vulnerabilidad así como para todas aquellas personas que inicien actividades comerciales o profesionales sin importar la categoría en la que se registren”.

Detalles del proyecto

La iniciativa contempla, según la Casa Rosada:

Composición de las obligaciones mensuales. Componente impositivo: Categorías A, B y C serán exento de manera permanente. Categoría D y superiores tendrá pagos progresivos con está lógica:️ 1° y 2° año: 0%;️ 3° año: 50% de la categoría que corresponda;️ 4° año: 75% de la categoría que corresponda.

Componente Previsional. Categorías A, B y C: 1° y 2° año: 0%;️ 3° y 4° año: 50%; Categoría D y superiores con pago progresivo: 1° año: 0%, 2° año: 25% de la categoría que corresponda; 3° año: 50% de la categoría que corresponda y 4° año: 75% de la categoría que corresponda.

“Es un monotributo totalmente gratuito para el compañero y también para el Estado para que se pueda hacer masivamente”, dijo ayer el referente del Movimiento Evita y secretario de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico.

“Una de las reivindicaciones mas grandes que venimos sosteniendo es que hay 4 millones y medio de compañeros que se han inventado el trabajo y si les preguntas quieren estar en blanco, el problema es que los costos son muy altos”, agregó el dirigente social en declaraciones radiales.

Líneas de financiamiento

El gobierno planea además la creación del Fondo Fiduciario para la Promoción del Crédito No Bancario destinados al financiamiento de la economía popular. El plan prevé la bonificación de tasas y el armado de fondos de garantía, entre otras medidas destinadas a emprendedores y pequeñas cooperativas.

La administración del fondo estará a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y el Ministerio de Economía, mientras que el BICE actuará como ente fiduciario. Se financiará con aportes del Estado Nacional, las provincias y recursos generados por el propio fondo.

También se prevé financiamiento bancario. Para ello, se dispondrá que las entidades financieras destinen el 1,50% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) al otorgamiento de crédito a proyectos productivos con impacto social, presentados por cooperativas y emprendedores. Los bancos podrán imputar los prestado por esta vía a cuenta del cupo de Financiamiento Productivo.

Por otra parte, se creará un Fondo Fiduciario Productivo y Social, impulsado por el INAES, destinado a “Fortalecer las capacidades productivas y financieras de los sectores productivos de baja y media escala”. El fondeo provendría principalmente de presupuesto del INAES y de recursos del sector mutualista que se estiman en $40.000 millones.

Acceso a compras del gobierno

El plan oficial contempla además un Programa de preferencia en las compras gubernamentales para Economía Popular. La iniciativa se implementará a través de tres medidas:

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